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Juez se siente engañado por Departamento de Justicia

  • Voz de América - Redacción

Juez considera que la implementación de parte crucial de la orden ejecutiva se produjo antes de tiempo.

Juez considera que la implementación de parte crucial de la orden ejecutiva se produjo antes de tiempo.

El juez que bloqueó la orden ejecutiva del presidente Obama, visiblemente molesto señaló que podría sancionar al departamento de Justicia si falla que fue engañado en cuanto a la implementación de la ley.

El juez federal que bloqueó la orden ejecutiva del presidente Barack Obama interpeló, visiblemente enojado, a la abogada del departamento de Justicia sobre la implementación de una parte de la ley y dijo que si encuentra que fue engañado sancionará a dicha cartera.

Durante la audiencia realizada el jueves, el juez federal de distrito Andrew Hanen interrogó a Kathleen Hartnett, abogada del departamento de Justicia, por haberle dicho en una audiencia en enero, antes de que se emitiera la orden judicial, que no se aplicaría nada antes del 18 de febrero con relación a una expansión del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) de 2012.

"Me lo creí como un idiota", afirmó Hanen, luego que se informara que el gobierno de Estados Unidos había extendido el plan DACA por tres años, periodo ampliado estipulado bajo la orden ejecutiva antes del 18 de febrero.

Al menos 108.000 personas recibieron el beneficio que incluye la cancelación de alguna orden de deportación y otorga un permiso de trabajo.

La abogada Hartnett trató de explicar al juez que se trató de un mal entendido y se disculpó reiteradas veces con el magistrado.

Incluso explicó que las extensiones se produjeron bajo las directrices del 2012, aunque en ese caso las extensiones solo se aprueban por dos años y no por tres por lo que el juez Hanen enfatizó que si falla que fue engañado podría ordenar sanciones al departamento de Justicia.

Hanen ordenó bloquear la puesta en marcha de la orden ejecutiva del presidente Obama ante una demanda interpuesta por 26 estados que desaprueban la acción unilateral del mandatario que beneficiaría a por lo menos cinco millones de indocumentados.

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