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Centroamérica lamenta fallo de juez

  • Voz de América - Redacción

A su vez, la administración de Obama suspende la recepción de aplicaciones de beneficiados por orden ejecutiva tras fallo de un juez federal de Texas que suspende su aplicación.

Tras la decisión de un juez federal de Texas de bloquear temporalmente la orden ejecutiva del presidente Barack Obama sobre inmigración, los gobiernos centroamericanos y México lamentaron la decisión del juez federal en Texas.

"La embajada de México y la red consular en Estados Unidos se mantendrán atentas a este proceso y al desarrollo de las siguientes etapas judiciales", informó la cancillería mexicana en un comunicado.

"Se reitera que estos programas significan un remedio migratorio justo para millones de familias y podrían potenciar las significativas contribuciones de los migrantes mexicanos a la economía y sociedad estadounidense", agregó.

El asesor de la presidencia hondureña, Marvin Ponce, dijo que su país lamentaba la decisión porque afecta a los países del Triángulo Norte.

"Esta decisión judicial, aunque la respetamos por ser parte de la legislación interna de EE.UU., evidencia que hay sectores políticos en lucha por el poder que torpedean decisiones que, aunque temporalmente, sirven para aliviar las presiones sociales y económicas que agobian a nuestros países", dijo a Reuters.

El Salvador señaló que espera que se implementen pronto "medidas que promuevan estabilidad migratoria para todos los migrantes que se apegan a las normativas estadounidense", y Guatemala recomendó a sus ciudadanos en EE.UU. estar atentos al desarrollo del caso.

Gobierno no recibirá aplicaciones

El gobierno anunció que no recibirá aplicaciones de parte de los beneficiados a la orden ejecutiva en imigración.

"No vamos a desestimar esta orden de la corte federal", dijo el presidente Barack Obama. "La ley es la ley en este país y tomamos las cosas un paso a la vez. Por ello, no vamos a recibir aplicaciones hasta que el caso está decidido. Pero haremos el trabajo preparatorio, porque es una gran parte del asunto".

El juez de Distrito, Andrew Hanen, anunció la decisión el lunes a favor de 26 estados, incluyendo Texas, que han interpuesto una demanda para detener permanentemente la orden del presidente.

Hanen escribió en un memorándum que los estados “sufrirán daños irreparables en este caso” si cumplen con la orden del presidente.

"Con respecto de la decisión de la corte, estoy en desacuerdo con ella. Creo que la ley está de nuestro lado y la historia está de nuestro lado y vamos a apelar", agregó Obama, antes de señalar que esta es una prueba más que el Congreso debería legislar una reforma inmigratoria integral.

Por su parte, el secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, dijo que su despacho revisa con cautela la decisión de Hanen, y que siempre esperó que el tema se decidiese en cortes más altas del sistema de justicia estadounidense.

“Siempre he esperado que este es un asunto va a ser decidido por una corte de más alta instancia, si no es la Corte Suprema (...) Creo que esto tiene que verse en este contexto. Yo vería esto como un paso intermedio en un proceso que tiene todavía mucho en juego”, señaló.

Obama ordenó en noviembre la protección de ser deportados a unos cinco millones de inmigrantes indocumentados, pero los estados argumentaron que el presidente había excedido su autoridad constitucional e impondría una carga financiera indebida sobre ellos.

“La decisión del juez Hanen detiene correctamente los alcances del presidente en seco”, dijo el gobernador de Texas, Greg Abbott, en un comunicado.

La orden ejecutiva del presidente incluye la expansión de un programa que protege a jóvenes inmigrantes de la deportación si fueron traídos por sus padres de manera ilegal por sus padres.

El programa debería comenzar a recibir aplicaciones el miércoles, pero el Departamento de Seguridad Nacional informó que estaba suspendiendo la entrada en vigencia del decreto.

La orden del presidente también protegería a los parientes de los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes que han estado en el país por al menos cinco años y que no hayan cometido crímenes graves.

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