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Homicidios ilegítimos en El Salvador


El Departamento de Estado de EE.UU. Asegura que las fuerzas de seguridad salvadoreñas fueron involucradas en asesinatos ilegítimos.

En El Salvador no se han registrado asesinatos por motivaciones políticas, pero las fuerzas de seguridad fueron involucradas en homicidios ilegítimos, según un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la situación de los Derechos Humanos en el 2010.

El secretario de comunicaciones, David Rivas, dijo a la AP que el gobierno de El Salvador no tiene todavía el informe y que una vez lo conozca "se fijará una posición al respecto".

Según el documento divulgado a los medios de comunicación, "no se verificó ningún informe que el gobierno o sus agentes cometieran asesinatos por motivos políticos, sin embargo, hubo informes de que las fuerzas de seguridad fueron involucrados en homicidios ilegítimos.

Indicó que la Oficina del Defensor del Pueblo para Derechos Humanos (PDDH) en El Salvador recibió ocho denuncias de presuntas ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes de la policía nacional civil (PNC), tres homicidios cometidos por la autoridad carcelarias y dos por las fuerzas armadas.

"A pesar que PDDH define todos los homicidios cometidos por entidades del gobierno como "ejecuciones extrajudiciales", no hubo informes verificables de deliberados asesinatos ilegales llevadas a cabo por orden del gobierno o con su complicidad", agregó el informe.

Asimismo, indicó que la Procuraduría recibió 228 denuncias de detención o prisión arbitrarias y 143 denuncias de detenciones ilegales durante el año.

El informe destacó además el anuncio de perdón público del presidente Mauricio Funes por el magnicidio del arzobispo capitalino, monseñor Oscar Arnulfo Romero hace 31 años y la instalación de una comisión de búsqueda de niños desaparecidos durante la pasada guerra civil de 12 años que concluyó en 1992 con la firma de un acuerdo de paz.

"Funes declaró que la ley de amnistía, aprobada después de la guerra civil, no fue un obstáculo para investigar los asesinatos de Monseñor Romero o de seis sacerdotes jesuitas en 1989. Funes también afirmó que su gobierno no promovería la anulación de la ley de amnistía, según lo solicitado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", apuntó.

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