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Cuellar y Cornyn proponen ley para solucionar crisis


El congresista Henry Cuellar, de Texas hizo un llamado a sus colegas de la Cámara y del Senado para que aprueben la ley a la brevedad posible.
El congresista Henry Cuellar, de Texas hizo un llamado a sus colegas de la Cámara y del Senado para que aprueben la ley a la brevedad posible.

De ser aprobada la nueva legislación establecería que un juez de inmigración deberá decidir en 72 horas si el menor cumple ciertos criterios para permanecer en EE.UU o si es enviado de regreso a casa.

El congresista demócrata Henry Cuellar y el senador republicano John Cornyn se unen para presentar un proyecto de ley que mejore la actual legislación, pero al mismo tiempo establecer un periodo máximo de 72 horas para que un juez de inmigración decida si un menor que ingresó por la frontera puede permanecer en EE.UU. o debe ser deportado.

“Esta legislación fortalece nuestra ley actual -de protección a víctimas de tráfico humano 2008- protegiendo a estos niños sin compañía adulta y responde a la crisis mientras ofrece apoyo a los hombres y mujeres miembros de la patrulla fronteriza”, dijo en un comunicado el congresista demócrata Henry Cuellar.

El proyecto de ley Ayudando a Niños sin compañía y Aliviando la Emergencia Nacional (HUMANE, por sus siglas en inglés) deberá ser aprobada por la Cámara de Representantes y el Senado para que sea efectiva, aunque el Caucus Demócrata del Congreso señaló que no apoya la iniciativa al considerar que castiga y criminaliza a los niños.

HUMANE mejoraría la ley TVPRA de 2008 para que todos los niños solos que cruzan la frontera sean tratados por igual bajo lo que estipula la ley y permitiría la reunificación familiar voluntaria de los menores, sean ellos de México, Centroamérica o cualquier otro país.

También mantienen inalterables las medidas de seguridad en los procesos de repatriación y permite al niño presentar su pedido para permanecer en EE.UU. ante un juez de inmigración durante un periodo de siete días, tiempo en el cual está siendo revisado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, y el juez tendrá un plazo de 72 horas para decidir.

La ley también exigiría al Departamento de Salud investigar los antecedentes de la persona a quien se entregue un menor a través del registro de sus huellas dactilares y prohíbe que un menor sea entregado en custodia de una persona condenada por tráfico humano u ofensas sexuales.

La legislación también aplicaría a los menores que ya han sido liberados y están en custodia de un familiar con una cita pendiente ante un juez de inmigración.

De gual forma ofrece fondos adicionales necesarios para operar y controlar la frontera sur con México.

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