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Facebook cierra cuentas de reos

  • Voz de América - Redacción

Facebook puede cancelar cuentas de personas que violen las leyes estadounidenses o que representen peligro a otras personas.

Facebook puede cancelar cuentas de personas que violen las leyes estadounidenses o que representen peligro a otras personas.

El Departamento de Prisiones de California pidió a Facebook cerrar las cuentas de sus encarcelados si estos hacen actualizaciones desde su aislamiento forzado.

Con tanto tiempo libre en las manos, los prisioneros de las cárceles de California se han contagiado de la fiebre de Facebook, una tendencia que el Departamento de Prisiones de California (CDCR) busca erradicar.

“El acceso a las redes sociales está permitiendo a los prisioneros evitar nuestro proceso de monitoreo y a continuar con sus actividades criminales”, escribió Matthew Cate, secretario del CDCR, en una carta enviada a Facebook en la que solicita que las cuentas de las personas encarceladas sean clausuradas.

“Esta nueva cooperación entre los agentes que se encargan de reforzar el cumplimiento de la ley y Facebook ayudará a proteger a la comunidad y evitar posibles víctimas”, añadió Cate.

Aunque quienes terminan en prisión no perderán las cuentas creadas antes de perder su libertad, estos perfiles en la red social serán cerrados si hay actualizaciones después que la persona sea encarcelada.

Por su parte, en una declaración a SF Weekly, Andrew Noyes, portavoz de Facebook, dijo que si el estado de California había decidido que el acceso a internet estaba prohibido, la forma más efectiva de prevenir su acceso a la red era mantener teléfonos y otros aparatos fuera del alcance de los prisioneros.

Según la publicación de internet Geek.com, más de 7.200 prisioneros tienen acceso a teléfonos celulares en California, y esto les brinda acceso a la web y las páginas sociales. Comparando este número con los 260 aparatos reportados por CDCR en 2006, es evidente que este negocio del “mercado negro” ha crecido considerablemente en los últimos años. Actualmente, adquirir un teléfono en la prisión puede costar $1.000 dólares.

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