Después de meses de retraso, este lunes inició una semana de audiencias previas al juicio contra el autoproclamado cerebro de los ataques del 11 de septiembre, Khalid Sheikh Mohamed, en la base naval de EE.UU. de Guantánamo en Cuba.
Junto a él aparecerán ante un juez militar cuatro miembros de Al Qaeda que colaboraron con financiamiento y ofrecieron apoyo a los terroristas que realizaron los atentados, causando la muerte de 2.976 personas en el 2001 en Estados Unidos.
Durante las primeras horas de la audiencia el tema de discusión fue el establecimiento de nuevas reglas para garantizar la transparencia del proceso.
Mientras los fiscales han solicitado que se mantenga en secreto cierta información, especialmente sobre los detalles de las intervenciones realizadas en oficinas de la CIA, donde según los abogados defensores los acusados fueron víctimas de torturas, los abogados defensores están solicitando al juez que elimine esta restricción porque señalan que se vería amenazada la libertad de expresión como lo establece la Constitución.
De igual manera solicitan que se eliminen reuniones confidenciales con los acusados.
"El gobierno no debería poder ocultarse detrás de asuntos clasificados", dijo Cheryl Borman, que defiende al yemení Walid ben Atash.
"El público tiene derecho a enterarse de los procedimientos", dijo James Connel, que representa a Ali Abd al-Aziz Ali -también conocido como Amar al-Baluchi-, el sobrino paquistaní de Mohamed.
De ser hallados culpables los cinco atacantes recibirían la pena capital.
Junto a él aparecerán ante un juez militar cuatro miembros de Al Qaeda que colaboraron con financiamiento y ofrecieron apoyo a los terroristas que realizaron los atentados, causando la muerte de 2.976 personas en el 2001 en Estados Unidos.
Durante las primeras horas de la audiencia el tema de discusión fue el establecimiento de nuevas reglas para garantizar la transparencia del proceso.
Mientras los fiscales han solicitado que se mantenga en secreto cierta información, especialmente sobre los detalles de las intervenciones realizadas en oficinas de la CIA, donde según los abogados defensores los acusados fueron víctimas de torturas, los abogados defensores están solicitando al juez que elimine esta restricción porque señalan que se vería amenazada la libertad de expresión como lo establece la Constitución.
De igual manera solicitan que se eliminen reuniones confidenciales con los acusados.
"El gobierno no debería poder ocultarse detrás de asuntos clasificados", dijo Cheryl Borman, que defiende al yemení Walid ben Atash.
"El público tiene derecho a enterarse de los procedimientos", dijo James Connel, que representa a Ali Abd al-Aziz Ali -también conocido como Amar al-Baluchi-, el sobrino paquistaní de Mohamed.
De ser hallados culpables los cinco atacantes recibirían la pena capital.
