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Ohio aniquila derechos sindicales


Los trabajadores sindicalizados no podrían negociar las prestaciones de salud, el pago por incapacidad ni las pensiones.

Los trabajadores sindicalizados no podrían negociar las prestaciones de salud, el pago por incapacidad ni las pensiones.

El Senado de Ohio aprobó una medida que prohíbe a unos 350.000 trabajadores públicos convocar un paro.

El estado de Ohio, en Estados Unidos, ha seguido el ejemplo del gobernador Scott Walker en Wisconsin y ha restringido drásticamente los derechos de negociación colectiva de los trabajadores públicos y ha prohibido las huelgas, de acuerdo con los términos de una iniciativa aprobada por un margen estrecho en el senado estatal.

La medida impulsada por los republicanos afecta a unos 350.000 trabajadores entre maestros, bomberos, agentes policiales y otros empleados públicos.

El Senado ratificó la propuesta mediante una votación de 17-16, en la que seis republicanos se unieron a los demócratas en rechazo de la propuesta.

Bomberos y profesores gritaron a coro, "¡qué vergüenza!" en la cámara, cuando la legislación fue aprobada. Ahora, se dirige a la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, donde se cree que recibirá un apoyo abrumador.

La ola de Wisconsin

La iniciativa toma como ejemplo la que se aprobó en la legislatura de Wisconsin que generó un debate nacional, ya que debilitaría la capacidad de los empleados públicos para negociar contratos colectivos, aunque hay algunas diferencias entre las dos propuestas.

La medida de Wisconsin exime a la policía y a los bomberos de las restricciones a la negociación colectiva, algo que no hace el proyecto de Ohio. Y la iniciativa en Wisconsin afectaría a 175.000 trabajadores públicos sindicalizados, la mitad que en el proyecto de Ohio.

Además, este estado prohibiría las huelgas de trabajadores públicos y establecería sanciones para quienes participen en paros. Los trabajadores sindicalizados podrían negociar salarios, horas laborables y ciertas condiciones del empleo, pero no las prestaciones de salud, el pago por incapacidad ni las pensiones. La medida eliminaría las alzas salariales automáticas y basaría los futuros incrementos de sueldo en los méritos de cada trabajador.

Además, la legislación establecería un proceso nuevo para arreglar disputas con los trabajadores, dando a los funcionarios electos la última palabra en los desacuerdos contractuales. Se suprimiría también un arbitraje obligatorio, al que recurren policías y bomberos para resolver disputas contractuales como una alternativa a la huelga.

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