La empresa petrolera española Repsol presentó una demanda contra el gobierno de Argentina por la expropiación de su filial YPF.
Un portavoz de la compañía dijo este miércoles que la acción legal presentada en un tribunal de Nueva York es una demanda colectiva puesto que se hizo junto con la empresa estadounidense Texas Yale Capital, accionista de YPF.
Ambos demandantes exigen compensación “por daños” después de que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández decidió nacionalizar YPF alegando que Repsol no había invertido en Argentina lo suficiente.
Los querellantes alegan que para inducir a que inversores compraran acciones en YPF al privatizarla en 1999, el gobierno argentino se comprometió con los accionistas a no recuperar el control de la compañía “sin ofrecer a todos los inversores una salida compensada".
La demanda, preparada por el gabinete de abogados Davis Polk and Wardwell, acusa a Argentina de ruptura de contrato y alega que a partir de enero pasado el gobierno de ese país puso en marcha una “agresiva y amplia ofensiva contra YPF y sus accionistas”.
Como resultado de esa campaña gubernamental, alega, el valor de mercado de la compañía y el precio de sus acciones se desplomaron a casi la mitad en pocos meses, antes del anuncio de la ley de expropiación el 16 de abril.
Repsol, que valoró su participación en YPF en $10.500 millones de dólares, había informado previamente a Buenos Aires que someterá su demanda al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, organismo que dirime disputas de esta naturaleza.
Un portavoz de la compañía dijo este miércoles que la acción legal presentada en un tribunal de Nueva York es una demanda colectiva puesto que se hizo junto con la empresa estadounidense Texas Yale Capital, accionista de YPF.
Ambos demandantes exigen compensación “por daños” después de que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández decidió nacionalizar YPF alegando que Repsol no había invertido en Argentina lo suficiente.
Los querellantes alegan que para inducir a que inversores compraran acciones en YPF al privatizarla en 1999, el gobierno argentino se comprometió con los accionistas a no recuperar el control de la compañía “sin ofrecer a todos los inversores una salida compensada".
La demanda, preparada por el gabinete de abogados Davis Polk and Wardwell, acusa a Argentina de ruptura de contrato y alega que a partir de enero pasado el gobierno de ese país puso en marcha una “agresiva y amplia ofensiva contra YPF y sus accionistas”.
Como resultado de esa campaña gubernamental, alega, el valor de mercado de la compañía y el precio de sus acciones se desplomaron a casi la mitad en pocos meses, antes del anuncio de la ley de expropiación el 16 de abril.
Repsol, que valoró su participación en YPF en $10.500 millones de dólares, había informado previamente a Buenos Aires que someterá su demanda al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, organismo que dirime disputas de esta naturaleza.
