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El azaroso camino de la reforma migratoria

  • Roberto Casin - Miami, Florida

Defensores de la reforma migratoria toman parte en un mitin en Ellis Island, cerca de la Estatua de la Libertad, en Nueva York.

Defensores de la reforma migratoria toman parte en un mitin en Ellis Island, cerca de la Estatua de la Libertad, en Nueva York.

Los principales defensores de una ley que busca legalizar el estatus de millones de inmigrantes indocumentados en EE.UU. creen que el país ya está listo para no cometer los errores del pasado.

Después de más de un cuarto de siglo de que un presidente republicano y conservador, Ronald Reagan, promulgó la más vasta amnistía a inmigrantes conocida hasta hoy en EE.UU., el país está a punto de dar un paso similar pero de mucho más alcance y sin las lagunas que la llamada Ley de Reforma y Control de Inmigración (IRCA) dejó.

Cuando Reagan firmó IRCA en 1986, luego de seis años de enconados debates, declaró que las futuras generaciones de estadounidenses agradecerían el esfuerzo de su gobierno por recuperar el “control” de las fronteras, pero aún cuando su reforma benefició a cientos de miles de inmigrantes no todos sus propósitos se cumplieron.

La ley fue el primer intento a gran escala en tratar de frenar la inmigración ilegal y gracias a ella lograron regularizar su estatus en EUUU casi tres millones de indocumentados, que habían entrado al país antes del 1ro. de enero de 1982, pero los críticos dentro de las propias filas republicanas demonizaron la reforma valiéndose del argumento de que no logró asegurar las fronteras.

En los años subsiguientes, a medida que el debate sobre la inmigración se hizo más agrio muchos legisladores se esforzaron en poner de relieve que los intentos de IRCA por frenar la contratación de indocumentados habían fracasado y que la ley había retrasado además le medidas requeridas para poner a buen resguardo las fronteras.

Sin embargo, de entonces acá muchas cosas han variado y según expertos en inmigración esos cambios operan a favor de que pueda lograrse ahora la aprobación de una reforma mucho más amplia y profunda, empezando por el hecho de que en 1986 había en EE.UU. entre tres y cinco millones de indocumentados y hoy el problema es mayor porque son más de 11 millones.

El presidente George W. Bush intentó destrabar el nudo de la inmigración y no pudo, y el propio Barack Obama prometió una reforma en su primer mandato y no alcanzó a hacerlo. Pero cuatro año más tarde, ni demócratas ni republicanos están en condiciones de ignorar el poder electoral adquirido por la población de origen inmigrante, particularmente los hispanos.

Según cifras del censo, en 1960, las tres cuartas partes de los extranjeros que residían en EE.UU. provenían de Europa. Cincuenta años después en 2010, el 80 por ciento eran de América Latina y Asia.

En materia de seguridad, la situación también difiere de la de entonces puesto que, además de la cerca que de manera intermitente divide más de 3 mil kilómetros de frontera con México, hace dos décadas la patrulla fronteriza tenía menos de 4 mil agentes en la zona, y en la actualidad cuenta con 16 mil. Solamente en el sector de El Paso, el número de indocumentados detenidos disminuyó de 122 mil en 2006 a 10 mil 400 el año pasado.

Económicamente hablando, es mayor hoy en día la presión de líderes empresariales que piensan que EE.UU. no sólo debe abrir más las puertas a inmigrantes con un alto grado de calificación profesional sino también a jornaleros como los agrícolas, con más razón en tiempos en los que la economía del país no acaba de despuntar de la peor crisis en décadas.

Un estudio de la investigadora Sherrie Kossoudji, de la Universidad de Michigan titulado Back to the Future, The Impact of Legalization then and now (Viaje al futuro, el impacto de la legalización entonces y ahora) sostiene que la IRCA de Reagan dio lugar a beneficios inmediatos porque transformó “a trabajadores clandestinos en empleados con buenos salarios".

De acuerdo con el documento, una reforma integral en estos momentos tendría también una enorme repercusión en la vida de numerosas personas en EE.UU. ya que mejoraría las oportunidades a que tendrían acceso cinco millones y medio de niños y jóvenes inmigrantes y sus familias.

Un estudio hecho el mes pasado por el Pew Center reveló que el 71 por ciento de los estadounidenses está a favor de que los indocumentados permanezcan en el país, y mientras el 24 por ciento opinó que debería otorgárseles la residencia permanente, el 43 por ciento dijo pensar que debería dárseles la posibilidad de adquirir la ciudadanía. Hace un cuarto de siglo, la mayoría opinaba de otra manera.
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