Dos ex altos funcionarios del ex presidente George W. Bush expusieron puntos de vista diferentes en una audiencia en el Senado en la que se discutió si EE.UU. debe adherirse al tratado global océanico conocido como Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Más de 160 naciones han suscrito la convención, que rige la manera en que los países pueden dar uso a los océanos mundiales y a los recursos que estos albergan. Todas las grandes naciones industrializadas han ratificado el tratado, excepto Estados Unidos.
De acuerdo con el testimonio ofrecido ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado por el exsecretario de Defensa Donald Rumsfeld , EE.UU no debe apoyar un tratado que convierte en obligación legal para los países productivos el pago de regalías a otros menos productivos bajo la retórica –dijo—de que los mares son un legado común de la humanidad.
“La idea de la distribución de la riqueza incorporada en el tratado es especialmente objetable, porque el mecanismo para la redistribución está pobremente diseñado” indicó.
Para Rumsfeld, la convención establece una autoridad respecto al lecho marino que no podría rendir cuentas de manera efectiva a los estadounidenses de igual manera que tampoco lo hace ninguna otra agencia de la ONU.
En oposición a los argumentos del ex jefe del Pentágono, otro ex funcionario del gobierno de Bush, el ex diplomático John Negroponte, opinó que la convención reforzaría a Estados Unidos económica y militarmente.
“Estados Unidos obtendría protección legal para su soberanía, sus derechos y jurisdicción en zonas frente a la costa, libertad de maniobra para sus fuerzas militares, y protección para sus intereses respecto a investigaciones económicas y marinas en los océanos”, señaló.
Según Negroponte, empresas estadounidenses tendrían la posibilidad de obtener derechos exclusivos con reconocimiento internacional para explorar y explotar depósitos de minerales estratégicos en el lecho oceánico más allá de la jurisdicción nacional.
Los dos gobiernos, el de Bush y el de Barack Obama, han respaldado ratificar el tratado, pero el Senado en Washington ha demorado la decisión durante décadas y aún la mantiene pendiente.
El presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, John Kerry, ha dicho que el asunto no será llevado a votación antes de las elecciones de noviembre próximo, aunque personalmente el senador respalda el tratado.
Según Kerry, ratificarlo será beneficioso para los intereses militares y navieros del país, fortalecerá a EE.UU. frente a China y otros países con aspiraciones en el Pacífico y el Ártico, y dará a las compañías petroleras estadounidenses “la certeza que necesitan para llevar a cabo inversiones vitales a fin de asegurar nuestro futuro energético”.
Legisladores opuestos a la convención aducen que adherirse a ésta socavaría la soberanía estadounidense sujetándola a una autoridad global en asuntos marítimos.
Más de 160 naciones han suscrito la convención, que rige la manera en que los países pueden dar uso a los océanos mundiales y a los recursos que estos albergan. Todas las grandes naciones industrializadas han ratificado el tratado, excepto Estados Unidos.
De acuerdo con el testimonio ofrecido ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado por el exsecretario de Defensa Donald Rumsfeld , EE.UU no debe apoyar un tratado que convierte en obligación legal para los países productivos el pago de regalías a otros menos productivos bajo la retórica –dijo—de que los mares son un legado común de la humanidad.
“La idea de la distribución de la riqueza incorporada en el tratado es especialmente objetable, porque el mecanismo para la redistribución está pobremente diseñado” indicó.
Para Rumsfeld, la convención establece una autoridad respecto al lecho marino que no podría rendir cuentas de manera efectiva a los estadounidenses de igual manera que tampoco lo hace ninguna otra agencia de la ONU.
En oposición a los argumentos del ex jefe del Pentágono, otro ex funcionario del gobierno de Bush, el ex diplomático John Negroponte, opinó que la convención reforzaría a Estados Unidos económica y militarmente.
“Estados Unidos obtendría protección legal para su soberanía, sus derechos y jurisdicción en zonas frente a la costa, libertad de maniobra para sus fuerzas militares, y protección para sus intereses respecto a investigaciones económicas y marinas en los océanos”, señaló.
Según Negroponte, empresas estadounidenses tendrían la posibilidad de obtener derechos exclusivos con reconocimiento internacional para explorar y explotar depósitos de minerales estratégicos en el lecho oceánico más allá de la jurisdicción nacional.
Los dos gobiernos, el de Bush y el de Barack Obama, han respaldado ratificar el tratado, pero el Senado en Washington ha demorado la decisión durante décadas y aún la mantiene pendiente.
El presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, John Kerry, ha dicho que el asunto no será llevado a votación antes de las elecciones de noviembre próximo, aunque personalmente el senador respalda el tratado.
Según Kerry, ratificarlo será beneficioso para los intereses militares y navieros del país, fortalecerá a EE.UU. frente a China y otros países con aspiraciones en el Pacífico y el Ártico, y dará a las compañías petroleras estadounidenses “la certeza que necesitan para llevar a cabo inversiones vitales a fin de asegurar nuestro futuro energético”.
Legisladores opuestos a la convención aducen que adherirse a ésta socavaría la soberanía estadounidense sujetándola a una autoridad global en asuntos marítimos.
