Datos oficiales muestran que Estados Unidos tiene la tasa más alta en cinco décadas de ciudadanos mayores de 65 años tque continúan trabajando regularmente.
La última vez que esto ocurrió fue en 1962 durante el gobierno de John F. Kennedy.
La estadística de abril indica que un 19% de estadounidenses mayores de 65 años sigue trabajando sin jubilarse.
A medida que la población de Estados Unidos envejece y la expectativa de vida aumenta, algunos trabajadores siguen yendo a la oficina porque les gusta y todavía se sienten entusiasmados por lo que hacen, pero muchos otros lo hacen por una razón más pesimista, no pueden darse el lujo de dejarlo.
Más de una cuarta parte de los trabajadores mayores de 55 años dicen que tienen menos de US$10.000 dólares en ahorros e inversiones, según la más reciente encuesta de confianza para jubilarse hecha por el Employee Benefit Research Institute.
Quizás debido al bajo nivel de ahorros, cerca de una tercera parte de trabajadores de esa edad dice que espera continuar laborando hasta por lo menos los 70 años, si no más tarde.
Pero los trabajadores de tercera edad que todavía tienen empleos regulares pueden ser los afortunados, porque aunque a muchos estadounidenses de edad similar les gustaría trabajar no encuentran empleo, sea porque no tienen las habilidades necesarias o porque los empleadores buscan gente más joven.
La tasa de desempleo para trabajadores mayores de 65 años fue de 3,7% en abril, levemente más alta que el promedio de los últimos 30 años, aunque más baja que a principios de año.
El Congreso aprobó esta semana revocar una regulación federal diseñada para ayudar a los estados a dar a un mayor número de trabajadores acceso a planes de ahorro para jubilación.
Varios estados han estado presionando para crear sus propios planes y lograr que más trabajadores adopten planes de ahorro para jubilación que automáticamente deducen las cuotas del salario. Los trabajadores con menores ingresos tienden a tener mucho menos acceso a ese tipo de planes por medio de sus empleos.
Legisladores republicanos y compañías del sector de inversiones se oponen diciendo que planes estatales de ese tipo podrían terminar siendo más costosos de lo que se piensa y relajarían las salvaguardas existentes para proteger a los inversionistas.
