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La política de las armas en EE.UU.

  • Jim Malone - Washington, DC

John Kinkade sostiene un rifle en la tienda de armas que administra en Iowa.

John Kinkade sostiene un rifle en la tienda de armas que administra en Iowa.

Renace el cabildeo por la armas

Ya hemos visto esta película antes y no me refiero a la última de Batman, El caballero de la noche asciende. Matanzas como la de Colorado la semana pasada se han vuelto demasiado comunes en la cultura estadounidense. Tristemente, la reacción a estas tragedias nacionales también se ha vuelto predecible. Una vez que comienza a desaparecer el susto inicial y el horror, empiezan las discusiones sobre si somos demasiado tibios con los controles de armas en este país o cómo evitar que las armas y las municiones que se utilizan en las masacres lleguen a manos de los desquiciados.

Todo esto ha vuelto a surgir después de la matanza en Aurora, Colorado, pero muchos expertos políticos predicen que cuando el debate pasa al control de armas, poco se hace. En los últimos 20 años, parece haber habido un cambio radical cuando se trata del gran apetito por las leyes de control de armas, en gran parte gracias al políticamente astuto lobby de armas, liderado, por supuesto, por la National Rifle Association (Asociación Nacional del Rifle, NRA por sus siglas en inglés).

Lo que dice la Constitución

Antes de sumergirnos en todo esto, bien vale la pena revisar la historia del debate por el control de armas en Estados Unidos. Para hacerlo hay que comenzar por la Segunda Enmienda a la Constitución de Estados Unidos, que dice: “Una milicia bien regulada, siendo necesaria para la seguridad del Estado libre, el derecho del pueblo de poseer y portar armas no debe ser infringido”. Los partidarios de las armas siempre citan esta parte como si fuera una especie de consagración constitucional del derecho divino a poseer armas. Los defensores del control de armas siempre se enfocan en la primera parte de la enmienda, la que habla sobre la “milicia bien regulada” para argumentar que no se trataba de un derecho individual, sino uno reservado para las milicias organizadas. La Corte Suprema dio la última palabra sobre esto en 2008, cuando por mayoría determinó que la Segunda Enmienda efectivamente se refería a los derechos de los individuos de poseer armas de fuego sin intervención del gobierno.

Volviendo al siglo veinte, el Congreso tomó medidas enérgicas sobre las ametralladoras y otras armas utilizadas por el crimen organizado en los años treinta, la llamada “época gángster” de la historia estadounidense.

El debate de las armas volvió a la vida en la década de los 60, luego de los asesinatos de tres queridos líderes políticos de Estados Unidos: el presidente John F. Kennedy en 1963, el líder de los derechos civiles Martin Luther King, Jr. en 1968, seguido dos meses después por la muerte del senador Robert F. Kennedy, candidato a la presidencia del Partido Demócrata. El Congreso intensificó algunas restricciones a la posesión de armas y ventas de armamento por correo, pero los defensores de la prohibición a las armas de fuego nunca fueron capaces de reunir suficiente apoyo en el Congreso para instituir una restricción a lo largo del país.

Los años 90 marcan un cambio político

El equilibrio de poder en el debate del control de armas comenzó a cambiar en los años 90, durante la administración del presidente Bill Clinton. En 1994, el presidente Clinton firmó la prohibición de las armas de asalto en una ley, la mayor victoria de los defensores del control de armas, especialmente de los demócratas que representaban a las áreas urbanas en todo el país. Pero en cosa de semanas los demócratas enfrentaron un gran reproche por parte de los votantes en las elecciones de la mitad del período de gobierno, en 1994, perdiendo el control de la Cámara de Representantes por primera vez en 40 años. Los demócratas de los estados conservadores y de los distritos rurales con fuerte apoyo a los derechos de armas quedaron especialmente vulnerables y el presidente Clinton eventualmente reconoció que el lobby de armas, liderado por la NRA, tenía mucha relación con los logros republicanos.

Los defensores del control de armas anotaron su mayor victoria con el paso de la Ley Brady en 1990, que impuso un período de espera de cinco días y un chequeo de antecedentes criminales para aquéllos que compraran un arma. La ley entró en vigencia en 1998.

En la elección presidencial de 2000, el demócrata Al Gore perdió la llegada a la Casa Blanca por escaso margen contra el republicano George W. Bush. Una de las claves de la victoria de Bush fue su habilidad para crear enormes márgenes de apoyo entre los trabajadores blancos, especialmente en distritos rurales en el sur, centro-oeste y en las montañas del oeste.

Tal como ocurre en muchos otros debates que causan polarización, como el aborto, el matrimonio homosexual y el poder del gobierno del central, la división entre los votantes urbanos y rurales ha sido siempre claramente visible en el debate del control de armas.

El presidente Barack Obama ha parecido reacio a comprometerse en el asunto de las armas, incluso después del tiroteo masivo en Arizona el año pasado, que tuvo entre los heridos a la representante demócrata Gabrielle Giffords. Tras la tragedia de la semana pasada en Aurora, Colorado, autoridades de la Casa Blanca han dicho poco acerca de algún esfuerzo renovado para apuntalar medidas de control de armas.

A fines del año pasado, la organización de encuestas Gallup reportó que el apoyo público a una variedad de medidas de control de armas fue el más bajo de todos los tiempos. Las encuestas de opinión de los últimos 50 años también han mostrado una tendencia de cambio desde el apoyo a las medidas de control de armas hasta el respaldo al derecho de los estadounidenses a poseer armas de fuego.

Las encuestas de principios de la década del 60 mostraron que alrededor del 60 por ciento de las personas consultadas querían prohibir los revólveres. En una encuesta del año pasado, sólo el 26% pedía lo mismo. Una encuesta de Pew Research realizada a principios de este año reveló que el 49 por ciento cree que lo más importante es proteger los derechos a poseer armas, mientras que el 45 por ciento preferiría enfocarse en controlar la posesión de armas.

La NRA ha sido hábil en movilizar a sus miembros para trabajar por aquéllos que apoyan los derechos a tener armas y en contra de quienes prefieren el control de armas. Como resultado, muchos demócratas, especialmente aquéllos que representan a estados muy competitivos o a las áreas rurales, han decidido no presionar en asuntos de control de armas y evitar llevar el tema de manera que pudiera significarles la derrota.

La unión de los partidarios de la NRA y su habilidad para concentrar las raíces de los grupos a favor de las armas en todo el país y afectar con ello las elecciones puede ser un factor intimidante para los políticos que estén considerando apoyar incluso suaves medidas de control de armas. Hasta el Partido Nacional Demócrata ha mirado a un lado algunas veces, creyendo que es más importante mantener asientos en la Casa de Representantes y el Senado en lugar de arriesgar una lucha sobre medidas de control de armamento que podría vigorizar a los entusiastas de las armas.

Nada, y de verdad digo nada, impresiona más a los políticos que la habilidad de los grupos de votación para organizarse en una fuerza política potente que puede dar vuelta las urnas. Y en los últimos 20 años es difícil encontrar a grupos más decididos a proteger sus intereses que los defensores de los derechos a tener armas y los grupos nacionales que los respaldan y que muestran su poderío en Washington, especialmente la NRA.
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