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Corte falla contra agencia de protección al consumidor

  • Voz de América - Redacción

Richard Conray, exfiscal general de Ohio, es el director de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, desde que la agencia fue creada en 2011.

Richard Conray, exfiscal general de Ohio, es el director de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, desde que la agencia fue creada en 2011.

Una corte de apelaciones dice que el hecho de que el Presidente no puede despedir al director de la Agencia, hace inconstitucional al órgano gubernamental.

Una corte federal de apelaciones declaró inconstitucional la estructura de la oficina de protección al consumidor, porque otorga demasiado poder al director de una sola agencia.

El fallo, emitido el martes, dice que la forma como la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, CFPB por sus siglas en inglés, está organizada viola la separación de poderes ordenada por la Constitución, porque limita la habilidad del presidente para despedir al director de la agencia.

La ley que creó la agencia independiente luego de la crisis financiera de 2008-2009, establece que su director solo puede ser despedido "por causas" como el abandono de sus funciones y no por diferencias políticas.

La Corte dice que esa afirmación contradice la Constitución, según la cual el presidente puede despedir ejecutivos del gobierno por cualquier razón.

El fallo fue emitido por un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia.

El dictamen es un triunfo para la industria bancaria, que ha visto a la CFPB como una espina en el costado y la ha acusado de exceder su mandato en sus regulaciones de las actividades financieras relacionadas con el consumidor.

La agencia ha demandado a bancos, compañías hipotecarias, emisoras de tarjetas de crédito, prestamistas, recaudadadores de deuda y otros.

La CFPB dice que desde hace más de cinco años, ha recuperado $11.700 millones de dólares que ha devuelto a más de 27 millones de consumidores perjudicados.

En el caso legal que se disputa en la Corte de Apelaciones, el gobierno alega que la estructura y los poderes de la Agencia son constitucionales.

La demanda involucra acusaciones contra la compañía hipotecaria de Nueva Jersey, PHH Corp., de que estaba participando en una estafa en la cual recomendaba a los consumidores ciertas compañías de seguros hipotecarios, recibiendo a cambio pagos ilegales.

CFPB ordenó a PHH devolver $109 millones de dólares que había recibido en pagos ilegales. La empresa asegura que su conducta es legal y demandó a la agencia alegando que su estructura es inconstitucional.

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