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Georgia: litigio por indocumentados


La Unión de Libertades Civiles presentó una demanda contra la ley que penaliza a los indocumentados.

La Unión de Libertades Civiles presentó una demanda contra la ley que penaliza a los indocumentados.

Al igual que Arizona, Utah e Indiana, el estado es escenario de una batalla legal en torno a la inmigración ilegal.

Grupos defensores de los derechos civiles le han declarado la guerra a una polémica ley contra los indocumentados en el estado de Georgia que se ha convertido en la más reciente batalla de las que se libran en EE.UU. en torno a la inmigración ilegal.

Un juez federal debe pronunciarse en Atlanta sobre una querella presentada por grupos de derechos civiles que consideran inconstitucional la legislación porque según ellos promoverá la discriminación y dará lugar al arresto de personas sólo por su aspecto u origen nacional.

Varias organizaciones, entre ellas la Unión de Libertades Civiles, la Liga Anti-Difamación y la Asociación de Abogados de Inmigración de EE.UU., así como los gobiernos de 12 países latinoamericanos han presentado argumentos en respaldo a los demandantes.

La ley, que debe entrar en vigor el próximo 1ro. de julio, faculta a los policías a que interroguen sobre su estatus de inmigración a quienes se vean involucrados en ciertas investigaciones criminales.

Según defensores de los inmigrantes, la ley de Georgia se extrema en comparación con las adoptadas por otros estados, y estipula que los trabajadores condenados por el uso de documentos falsos para obtener empleo pueden ser sentenciados a 15 años de prisión y multas de hasta $250.000 dólares.

Entre los mayores afectados por la ley estarían los productores agropecuarios del estado, muchos de los cuales podrían ver reducirse hasta en 50 por ciento su fuerza laboral, sin contar la pérdida de numerosas cosechas.

La ley de Georgia tiene cláusulas similares a otras legislaciones contra la inmigración ilegal promulgadas en Arizona, Utah e Indiana.

Una jueza federal bloqueó el año pasado partes de la legislación de Arizona después de que el Departamento de Justicia alegó que sólo el gobierno federal puede regular la inmigración, y en Utah sucedió algo parecido. La controversia parece encaminada a dirimirse en la Corte Suprema de EE.UU.

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