El portavoz interino del Departamento de Estado, Mark Toner, pidio al gobierno de Venezuela que provea compensación si deciden nacionalizar 11 pozos petroleros, propiedad de compañías estadounidenses.
Toner dijo que tal acción no es un buen presagio pra el clima de inversión en Venezuela.
"Los vamos a llamar, si tomaron tal decisión, para que compensen a los propietarios de los esos pozos. Esta es la última instancia en la cual inversionistas internacionales, inversiones de companias, son nacionalizadas por el gobierno de Venezuela", dijo Toner.
La decisión fue justificada por el gobierno del presidente Chávez, señalando que las plataformas permanecen paradas desde hace meses. La inactividad está relacionada a una disputa por pagos pendientes de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
El gobierno de Venezuela efectivizará la nacionalización para que las plataformas vuelvan a producir crudo, cuando enfrenta severas críticas por la recesión económica que enfrenta el país y la caída en la producción de crudo.
El ministro de Energía, Rafael Ramírez, subrayó que las plataformas de perforación han estado ociosas durante meses y que son nacionalizadas para que vuelvan a producir.
"Hay un sector dueño de taladros que se ha negado a discutir con PDVSA las tarifas de servicios y han preferido tener guardados estos equipos por un año en Anaco", dijo Ramirez en declaraciones brindadas en el estado de Zulia. "Es el caso específico de la empresa Helmerich & Payne (HP), firma transnacional estadounidense", afirmó.
El ministro señaló que las compañías que se niegan a poner sus plataformas a producir eran parte de un plan para debilitar el gobierno de Chávez. Desde el año 2008, Venezuela ha ido disminuyendo progresivamente su producción petrolera.
La nacionalización de las instalaciones inactivas de Helmerich & Payne, representan la última de una serie de apropiaciones del gobierno del presidente Hugo Chávez.
El gobierno de Chávez ha nacionalizado proyectos y equipamiento petroleros por miles de millones de dólares en los últimos tres años como parte de su plan de incrementar el control estatal.