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Ecuador preocupado por preferencias


El programa de preferencias arancelarias es en apoyo a la lucha contra el cultivo y tráfico de drogas en los países andinos.

El programa de preferencias arancelarias es en apoyo a la lucha contra el cultivo y tráfico de drogas en los países andinos.

El embajador ecuatoriano recordó que la ley nació de la necesidad de brindar alternativas lícitas al cultivo de coca y al narcotráfico.

El gobierno de Ecuador está preocupado con el rumbo que ha tomado el debate sobre las preferencias arancelarias para los países andinos.

Según declaró el embajador de Ecuador en Washington, Luis Gallegos, en una entrevista con el diario El Universo de Quito, es preocupante que el tema haya quedado incluido dentro del debate ideológico en el Senado estadounidense, lo que en su opinión llevó a que las preferencias arancelarias se extendieran sólo por seis semanas, en vez de por 1 año como ocurría tradicionalmente.

El embajador Gallegos dijo que la decisión que incluye a Colombia, Ecuador y Perú, fue recibida por su gobierno "con preocupación, debido a que un tema tan importante fue secuestrado por el debate ideológico entre demócratas y republicanos".

Agregó que "una extensión de seis semanas del ATPDEA (la Ley Andina de Promoción al Comercio y Erradicación a la Drogas, por sus siglas en inglés) no otorga ninguna certidumbre a las relaciones comerciales bilaterales y es fundamental que se logren los consensos necesarios para otorgar una extensión plurianual".

Gallegos recordó que la ley nació de la necesidad de brindar alternativas lícitas al cultivo de coca y al narcotráfico y precisó que Ecuador "es el país más exitoso en este programa, porque sigue manteniéndose como un país libre del cultivo de coca a pesar de estar ubicado en una zona geográfica (entre Colombia y Perú) especialmente vulnerable ante este problema".

El ATPDEA permitió que en 2009 Estados Unidos concretara importación por casi $9.700 millones de dólares, un 57% de los cuales provinieron de Colombia.

El programa fue creado en 1991 para ayudar a los países andinos a generar empleo en zonas rurales y desactivar la dependencia de los cultivos de coca.

Bolivia era inicialmente parte del pacto, pero el gobierno del presidente Barack Obama puso punto final a las ventajas comerciales para ese país alegando falta de cooperación en la lucha antidrogas.

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