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Venezuela será punto en agenda sobre DD.HH.


Tres mil 408 personas fueron detenidas durante las protestas iniciadas en febrero, según la ONG Foro Penal Venezolano.

Tres mil 408 personas fueron detenidas durante las protestas iniciadas en febrero, según la ONG Foro Penal Venezolano.

Las declaraciones sobre derechos humanos del secretario de Estado, John Kerry, apuntan hacia el emplazamiento de gobiernos sobre el caso Venezuela, según analistas.

Las denuncias sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela serán tema de la agenda de las relaciones de Estados Unidos con otros países que no tienen una posición definida sobre el caso.

“El gobierno de los Estados Unidos va a precisar a los gobiernos latinoamericanos sobre sus posiciones en materia de derechos humanos y de promoción de la democracia, con respecto a los pocos países que no están siguiendo ese paradigma”, dijo el politólogo Carlos Romero, a la Voz de América.

En un discurso, el secretario de Estado, John Kerry, condenó a los gobiernos del hemisferio que distorsionan los valores democráticos al ser autocráticos, corruptos, ineficaces y que no están al servicio del pueblo.

Kerry trazó la meta de Estados Unidos en materia de derechos humanos de cara hacia la Cumbre de las Américas en Panamá en 2015.

El viaje que inicia el Secretario de Estado este jueves, hacia Colombia y Perú, es advertido por Romero como la oportunidad para desplegar una política hemisférica con relación al caso de Venezuela.

“Estados Unidos no necesita que Colombia le pruebe que es su aliada, pero sí queda la pata floja de la relación colombo-venezolana. Es posible que le exija una conducta más firme en el caso del deterioro de los derechos humanos en Venezuela”, concluyó Romero.

La organización no gubernamental Foro Penal Venezolano, sostuvo este miércoles que durante 2014 en Venezuela se registraron 3.408 detenciones por protestar contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro y 1.922 personas tienen procesos judiciales abiertos.

Maduro retó este martes a Barack Obama a que no apoye sanciones contra funcionarios de su gobierno, acusados de violar los derechos humanos de opositores durante las protestas registradas entre febrero y mayo pasado.

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