La agencia de noticias AP junto a otras cuatro empresas periodísticas demandaron al estado de Missouri por su negativa a revelar la procedencia y los componentes de la inyección letal que emplean para aplicar la pena de muerte.
La demanda pide que un juez ordene al departamento de correccionales del estado que haga de conocimiento público dónde compra la sustancia empleada como componente de la inyección letal, su composición y calidad.
El abogado Dave Schulz, que representa a las instituciones noticiosas, aseguró estar convencido que “es un derecho constitucional hacer de dominio público qué se utiliza cuando el estado aplica la pena de muerte a una persona”.
Missouri está entre los estados que se niegan a revelar dónde compran la inyección, sus componentes y cómo la prueban “por razones de seguridad”.
Según estos estados, las empresas farmacéuticas que los abastecen han recibido una serie de amenazas y se amparan en leyes estatales que consideran “información confidencial” todo lo relacionado a quiénes integran el llamado equipo de ejecuciones.
El acceso a los componentes de la inyección pentobarbital para ejecutar la pena de muerte se ha convertido en tema nacional desde que las empresas farmacéuticas que la proveían, su mayoría con sede en Europa, se negaron a continuar vendiendo esos productos si es que son utilizados para aplicar la pena capital.
La demanda pide que un juez ordene al departamento de correccionales del estado que haga de conocimiento público dónde compra la sustancia empleada como componente de la inyección letal, su composición y calidad.
El abogado Dave Schulz, que representa a las instituciones noticiosas, aseguró estar convencido que “es un derecho constitucional hacer de dominio público qué se utiliza cuando el estado aplica la pena de muerte a una persona”.
Missouri está entre los estados que se niegan a revelar dónde compran la inyección, sus componentes y cómo la prueban “por razones de seguridad”.
Según estos estados, las empresas farmacéuticas que los abastecen han recibido una serie de amenazas y se amparan en leyes estatales que consideran “información confidencial” todo lo relacionado a quiénes integran el llamado equipo de ejecuciones.
El acceso a los componentes de la inyección pentobarbital para ejecutar la pena de muerte se ha convertido en tema nacional desde que las empresas farmacéuticas que la proveían, su mayoría con sede en Europa, se negaron a continuar vendiendo esos productos si es que son utilizados para aplicar la pena capital.
