El gobernador de Luisiana, Bobby Jindal, exigió a varias empresas estatales retirar las demandas presentadas el miércoles contra las compañías petroleras a las que se acusa de haber dañado los humedales del estado.
La Autoridad de Protección contra Inundaciones del Sureste de Luisiana, SLFPAE por sus siglas en inglés, demandó a un centenar de compañías productoras de gas y petróleo y operadores de acueductos para que restauren los daños causados a los humedales y paguen por sus efectos.
Jindal dijo en un boletín de prensa que “la demanda toma un punto de vista miope sobre la costa de Luisiana que pone en peligro y mina nuestra habilidad de implementar nuestro Plan Maestro”.
El plan maestro de 50 mil millones de dólares y 50 años de duración detalla la manera en que el estado y las localidades van a restaurar los pantanos y mejorar las defensas contra las inundaciones. El gobernador piensa que ejecutar el plan es su potestad y no de la Autoridad de Protección.
La SLFPAE, sin embargo, cree lo contrario.
“La directiva toma su responsabilidad de proteger las vidas y la propiedad de los que pertenecen a nuestra jurisdicción de manera muy seria”, dijo el vicepresidente de la Autoridad, John Barry.
“Continuar ignorando lo que es una obvia causa de daños a la costa, sería, en opinión de la junta directiva, un abandono de nuestras obligaciones”, agregó.
Jindal espera convencer a la SLFPAE de que su demanda no cabe dentro de la estrategia de restauración del estado y de que ésta afecta los papeles de otros distritos, parroquias, agencias estatales y otros interesados.
Al estado también le preocupa que los argumentos usados en la demanda podrían estar en conflicto con los argumentos del estado en sus acciones legales relacionadas con el derrame de petróleo de BP en el golfo.
La Autoridad de Protección contra Inundaciones del Sureste de Luisiana, SLFPAE por sus siglas en inglés, demandó a un centenar de compañías productoras de gas y petróleo y operadores de acueductos para que restauren los daños causados a los humedales y paguen por sus efectos.
Jindal dijo en un boletín de prensa que “la demanda toma un punto de vista miope sobre la costa de Luisiana que pone en peligro y mina nuestra habilidad de implementar nuestro Plan Maestro”.
El plan maestro de 50 mil millones de dólares y 50 años de duración detalla la manera en que el estado y las localidades van a restaurar los pantanos y mejorar las defensas contra las inundaciones. El gobernador piensa que ejecutar el plan es su potestad y no de la Autoridad de Protección.
La SLFPAE, sin embargo, cree lo contrario.
“La directiva toma su responsabilidad de proteger las vidas y la propiedad de los que pertenecen a nuestra jurisdicción de manera muy seria”, dijo el vicepresidente de la Autoridad, John Barry.
“Continuar ignorando lo que es una obvia causa de daños a la costa, sería, en opinión de la junta directiva, un abandono de nuestras obligaciones”, agregó.
Jindal espera convencer a la SLFPAE de que su demanda no cabe dentro de la estrategia de restauración del estado y de que ésta afecta los papeles de otros distritos, parroquias, agencias estatales y otros interesados.
Al estado también le preocupa que los argumentos usados en la demanda podrían estar en conflicto con los argumentos del estado en sus acciones legales relacionadas con el derrame de petróleo de BP en el golfo.