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Demandan a empresa que autorizó a Snowden

  • Voz de América - Redacción

Revisión en las puertas del Capitolio. El Departamento de Justicia ha demanado a la empresa que revisa antecedentes de los posibles empleados federales.

Revisión en las puertas del Capitolio. El Departamento de Justicia ha demanado a la empresa que revisa antecedentes de los posibles empleados federales.

Se trata de United States Investigation Services (USIS), que también aprobó la contratación de Aaron Alexis, causante de la masacre del Astillero Naval de Washington en la que murieron 12 personas.

El Departamento de Justicia será parte de una demanda en contra de la compañía que manejó la revisión de antecedentes del exanalista de inteligencia de la Agencia de Seguridad Nacional, Edward Snowden.

Si bien la demanda no es sobre el caso de Snowden, el Departamento de Justicia alega que la empresa United States Investigation Services (USIS) no fue capaz de realizar revisiones de antecedentes de calidad para la Oficina de Manejo de Personal de la Casa Blanca.

La demanda fue presentada originalmente por un exempleado de USIS hace más de dos años en Alabama.

USIS es la empresa dominante de la industria de revisión de antecedentes; el año pasado recibió $195 millones de dólares en pagos del gobierno. La firma también aprobó la contratación de Aaron Alexis, el contratista de tecnología que mató a 12 personas en el Astillero naval de Washington, el mes pasado.

El Departamento de Justicia argumenta que desde 2008 la firma usó programas informáticos que automáticamente aprobaban investigaciones que todavía no se habían completado para cumplir con las metas de ganancias. La empresa escondió la práctica conocida como “dumping” y cobró inapropiadamente al gobierno por ese trabajo.

Un vocero de USIS dijo que la empresa está colaborando con las investigaciones del gobierno y ha reemplazado sus jefaturas y mejorado sus controles desde que supo de las acusaciones, el año pasado.

El fiscal asistente, Stuart Delery, dijo que no se tolerará ese tipo de práctica de parte de “empresas que han sido confiadas con la aprobación de personas a las que se va a dar acceso a información secreta e importante del país”.

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