Luego de las reformas anunciadas por el presidente de Cuba, Raúl Castro, los cubanos han visto más con cauteloso anhelo que con segura complacencia, cómo el Estado les suelta algunas de las amarras económicas a las que durante décadas estuvieron sujetos en medio de un mar de prohibiciones.
A fines del año pasado, el gobierno autorizó la compraventa de propiedades inmuebles y de vehículos de uso para los residentes en el país, y según divulgó el diario oficial Granma en el primer trimestre del 2012 las transacciones de casas sumaron 2.700 y las de automóviles más de 8.000, muchos de ellos reliquias rodantes de los años 1950-60.
Una funcionaria del ministerio de Justicia, Olga Lidia Pérez, dijo al periódico que además hubo más de 10.000 donaciones (traspasos) de viviendas y 6.700 de vehículos, una cantidad que podría parecer poca en una población de unos 11 millones de habitantes para quienes tales transacciones estuvieron prohibidas durante medio siglo.
Como parte de los cambios impulsados por Castro --quien subrayó que no se pretende modificar el sistema político en isla y sólo se persigue “actualizar” el modelo socialista--, la mayor conmoción no ha sido sin embargo la producida por la autorización de las compraventas sino otra que aún está por venir.
Entre los reajustes económicos figura además una drástica reducción de las plantillas de trabajadores estatales que por lo pronto podrían dejar en la calle sin empleo a medio millón de personas. Pero los despidos que debían haberse concretado en 2011 han sido pospuestos dos veces.
Con una desacostumbrada franqueza en un medio de prensa cubano --todos controlados por el gobierno-- el periodista Ariel Terrero, especialista en temas económicos dijo en un programa de televisión que el proceso de eliminación de puestos de trabajo se lleva a cabo con “falta de transparencia”.
Terrero afirmó que al plan de despedir este año a 170 mil trabajadores se suma “la cifra secreta” de los que fueron dejados cesantes el año pasado, a quienes el gobierno con gran eufemismo califica de “disponibles” y no de desempleados.
De acuerdo con estimados oficiales, que en Cuba nunca han estado avalados por estadísticas confiables, la "mayor parte" de los trabajadores que han quedado "disponibles", han sido reubicados en otros puestos mayormente vinculados a tareas productivas. Pero la cifra exacta, y por ocupaciones, nadie la sabe.
El gobierno asegura que hoy en día, después de haberse autorizado el trabajo privado, más de 370.000 cubanos lo ejercen en varias decenas de oficios (no profesiones). Sin embargo, no está comprobado que la mayoría de esas personas fuesen antes empleados del Estado, puesto que por el contrario muchos ya laboraban por cuenta propia de manera ilegal.
Sin duda, el gran dilema para las autoridades cubanas radica en subsistir pese a las reformas, dejando sin trabajo, sin dinero, y sin futuro a cientos de miles de personas, y de paso no perdiendo el férreo control que durante décadas y en todos los órdenes ha mantenido sobre la población.
Connie Watson, una corresponsal canadiense esta misma semana lo definía así en un artículo escrito para CBCnews: “Es difícil lidiar con una cantidad de desempleados de tal magnitud, en un país que una vez prometió a cada ciudadano empleo de por vida”.
A fines del año pasado, el gobierno autorizó la compraventa de propiedades inmuebles y de vehículos de uso para los residentes en el país, y según divulgó el diario oficial Granma en el primer trimestre del 2012 las transacciones de casas sumaron 2.700 y las de automóviles más de 8.000, muchos de ellos reliquias rodantes de los años 1950-60.
Una funcionaria del ministerio de Justicia, Olga Lidia Pérez, dijo al periódico que además hubo más de 10.000 donaciones (traspasos) de viviendas y 6.700 de vehículos, una cantidad que podría parecer poca en una población de unos 11 millones de habitantes para quienes tales transacciones estuvieron prohibidas durante medio siglo.
Como parte de los cambios impulsados por Castro --quien subrayó que no se pretende modificar el sistema político en isla y sólo se persigue “actualizar” el modelo socialista--, la mayor conmoción no ha sido sin embargo la producida por la autorización de las compraventas sino otra que aún está por venir.
Entre los reajustes económicos figura además una drástica reducción de las plantillas de trabajadores estatales que por lo pronto podrían dejar en la calle sin empleo a medio millón de personas. Pero los despidos que debían haberse concretado en 2011 han sido pospuestos dos veces.
Con una desacostumbrada franqueza en un medio de prensa cubano --todos controlados por el gobierno-- el periodista Ariel Terrero, especialista en temas económicos dijo en un programa de televisión que el proceso de eliminación de puestos de trabajo se lleva a cabo con “falta de transparencia”.
Terrero afirmó que al plan de despedir este año a 170 mil trabajadores se suma “la cifra secreta” de los que fueron dejados cesantes el año pasado, a quienes el gobierno con gran eufemismo califica de “disponibles” y no de desempleados.
De acuerdo con estimados oficiales, que en Cuba nunca han estado avalados por estadísticas confiables, la "mayor parte" de los trabajadores que han quedado "disponibles", han sido reubicados en otros puestos mayormente vinculados a tareas productivas. Pero la cifra exacta, y por ocupaciones, nadie la sabe.
El gobierno asegura que hoy en día, después de haberse autorizado el trabajo privado, más de 370.000 cubanos lo ejercen en varias decenas de oficios (no profesiones). Sin embargo, no está comprobado que la mayoría de esas personas fuesen antes empleados del Estado, puesto que por el contrario muchos ya laboraban por cuenta propia de manera ilegal.
Sin duda, el gran dilema para las autoridades cubanas radica en subsistir pese a las reformas, dejando sin trabajo, sin dinero, y sin futuro a cientos de miles de personas, y de paso no perdiendo el férreo control que durante décadas y en todos los órdenes ha mantenido sobre la población.
Connie Watson, una corresponsal canadiense esta misma semana lo definía así en un artículo escrito para CBCnews: “Es difícil lidiar con una cantidad de desempleados de tal magnitud, en un país que una vez prometió a cada ciudadano empleo de por vida”.
