Los primeros cuatrocientos médicos cubanos de un total de 4.000 contratados por el gobierno de Brasil para atender los servicios médicos en las áreas rurales y aisladas del país, llegarán este fin de semana a bordo de aviones de la Fuerza Aérea Brasileña.
Su arribo tendrá lugar en medio de una fuerte polémica sobre la calidad de servicios que puedan prestar y sobre los sueldos que van a cobrar.
La Federación Nacional de Médicos (FENAM) dijo que recurrirá a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para que investigue las condiciones de “esclavitud” en la que trabajarán estos médicos, que según el presidente de FENAM, Geraldo Ferreira, será de 10.000 reales (unos $4.000 dólares) por cada médico, pagaderos al gobierno de Cuba, aunque los galenos solo recibirán una pequeña parte de esa cantidad.
Ferreira, quien dijo haber consultado con autoridades médicas de Bolivia y Venezuela donde existen programas similares, aseguró que los mismos han evidenciado “una calidad muy dudosa de los médicos y un sistema de actuación muy cercano al de una brigada militar, en lugar de profesionales de la salud”.
Otras organizaciones médicas brasileñas también condenaron la contratación de los profesionales cubanos por parte del Ministerio de Salud.
El Consejo Federal de Medicina (CFM) y la Asociación Médica Brasileña (AMA), afirmaron que la medida es electorera, en alusión a la posible candidatura del ministro Alexandre Padilha para gobernador de São Paulo en 2014.
De igual manera, los partidos de oposición manifestaron su desacuerdo. “Este programa está mal. Es un paliativo. Es necesario estructurar el trabajo del sistema de salud”, dijo el diputado por el Partido de la Social Democracia, Vanderlei Macris.
Por su parte, el canciller brasileño, Antonio Patriota, aseguró que la decisión fue tomada para mejorar los servicios públicos y negó que haya una motivación política detrás de la medida. Según el ministro, los cubanos trabajarán en 701 ciudades en las que los médicos brasileños no han mostrado interés en atender.
La mejor atención en la salud pública del país fue una de las demandas exigidas durante las masivas protestas populares en junio de este año en contra del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff.
Su arribo tendrá lugar en medio de una fuerte polémica sobre la calidad de servicios que puedan prestar y sobre los sueldos que van a cobrar.
La Federación Nacional de Médicos (FENAM) dijo que recurrirá a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para que investigue las condiciones de “esclavitud” en la que trabajarán estos médicos, que según el presidente de FENAM, Geraldo Ferreira, será de 10.000 reales (unos $4.000 dólares) por cada médico, pagaderos al gobierno de Cuba, aunque los galenos solo recibirán una pequeña parte de esa cantidad.
Ferreira, quien dijo haber consultado con autoridades médicas de Bolivia y Venezuela donde existen programas similares, aseguró que los mismos han evidenciado “una calidad muy dudosa de los médicos y un sistema de actuación muy cercano al de una brigada militar, en lugar de profesionales de la salud”.
Otras organizaciones médicas brasileñas también condenaron la contratación de los profesionales cubanos por parte del Ministerio de Salud.
El Consejo Federal de Medicina (CFM) y la Asociación Médica Brasileña (AMA), afirmaron que la medida es electorera, en alusión a la posible candidatura del ministro Alexandre Padilha para gobernador de São Paulo en 2014.
De igual manera, los partidos de oposición manifestaron su desacuerdo. “Este programa está mal. Es un paliativo. Es necesario estructurar el trabajo del sistema de salud”, dijo el diputado por el Partido de la Social Democracia, Vanderlei Macris.
Por su parte, el canciller brasileño, Antonio Patriota, aseguró que la decisión fue tomada para mejorar los servicios públicos y negó que haya una motivación política detrás de la medida. Según el ministro, los cubanos trabajarán en 701 ciudades en las que los médicos brasileños no han mostrado interés en atender.
La mejor atención en la salud pública del país fue una de las demandas exigidas durante las masivas protestas populares en junio de este año en contra del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff.
