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Congreso de EE.UU. intenta bloquear fondos para Honduras

  • Voz de América - Redacción

El proyecto conocido como "Ley Berta Cáceres por los Derechos Humanos" toma el nombre de la activista hondureña asesinada a sangre fría en su domicilio.

El proyecto conocido como "Ley Berta Cáceres por los Derechos Humanos" toma el nombre de la activista hondureña asesinada a sangre fría en su domicilio.

Presentan un proyecto de ley para suspender fondos a Honduras por las más recientes violaciones a los DD.HH.

Cinco legisladores demócratas presentaron un proyecto de ley con el que el gobierno de Estados Unidos no podría destinar fondos o apoyar préstamos para las fuerzas de seguridad hondureñas hasta que las autoridades investiguen denuncias sobre violaciones a los derechos humanos.

"Está claro que la policía hondureña está profundamente corrupta y comete violaciones a los derechos humanos como tortura, violación, detenciones ilegales y asesinatos con impunidad", indica el texto del proyecto conocido como "Ley Berta Cáceres por los Derechos Humanos".

El demócrata por Georgia, Hank Johnson, presentó la iniciativa de ley, señalando "proporcionamos millones de dólares en asistencia para seguridad a Honduras cada año, pero esas mismas fuerzas atacan y matan a activistas de derechos humanos, laborales y ambientalistas como Cáceres sin una respuesta efectiva de las autoridades hondureñas".

"Llegó el momento para que nuestro gobierno envíe un mensaje más fuerte", agregó.

Otros patrocinadores del proyecto de ley son John Conyers, principal demócrata en la comisión de Asuntos Judiciales, Keith Ellison, Marcy Kaptur, Jan Schakowsky y José Serrano.

Cáceres, líder indígena, ambientalista y coordinadora general del Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras(COPINH), fue asesinada el pasado marzo en su casa en la ciudad de La Esperanza, pese a que contaba con medidas de protección.

La presentación del proyecto de ley coincidió con la condena de la Comisión Interamericana de DD.HH., sobre el asesinato de René Martínez, un prominente defensor de la comunidad homosexual en San Pedro Sula.

La iniciativa propone que la asistencia sólo pueda reanudarse una vez que el Departamento de Estado verifique que el gobierno hondureño sancione a los responsables de los asesinatos de Berta Cáceres y de otro centenar de activistas en el valle Aguán, sancione a policías y militares acusados de violar derechos humanos y exima a las fuerzas armadas de labores policiales.

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