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EE.UU. advierte a ciudades santuario que podrían perder fondos

  • Voz de América - Redacción

Una mujer sostiene un cartel anti deportación durante una manifestación, el jueves 9 de marzo de 2017, en Nueva York.

El gobierno de Donald Trump intensificó su presión sobre las llamadas ciudades santuario que se niegan a cooperar con las autoridades migratorias federales.

La administración Trump advirtió a nueve jurisdicciones el viernes que podrían perder sus codiciadas subvenciones federales a menos que documenten su cooperación.

Les envió cartas a las autoridades en California y a grandes ciudades como Nueva York, Chicago, Filadelfia y Nueva Orleans.

Todas ellas sitios donde el inspector general del Departamento de Justicia identificó que limitan la información que las agencias policiales locales pueden proporcionar a las autoridades migratorias federales con relación a los detenidos que tienen.

El secretario de Justicia Jeff Sessions ha advertido que el gobierno federal sancionará a las comunidades que se rehúsen a cooperar con los esfuerzos para localizar y deportar a inmigrantes que están ilegalmente en el país.
El secretario de Justicia Jeff Sessions ha advertido que el gobierno federal sancionará a las comunidades que se rehúsen a cooperar con los esfuerzos para localizar y deportar a inmigrantes que están ilegalmente en el país.

Pero algunas de las jurisdicciones siguieron resistiendo a la presión federal, pese a correr el riesgo de perder fondos que las agencias policiales usan para pagar por todo, desde chalecos antibalas hasta cámaras que se portan en el cuerpo.

"No vamos a ceder a estas amenazas", dijo Marina Dimitrijevic, supervisora del condado Milwaukee, quien prometió un pleito legal si les quitan fondos.

El Departamento de Justicia aprovechó los recientes comentarios de Sessions, de que las ciudades santuario socavan la lucha contra las pandillas, y dijo en un comunicado que las comunidades que enfrentan el recorte de fondos están "desmoronándose bajo el peso de la inmigración ilegal y el crimen violento".

Después de que una redada derivara en el arresto de 11 integrantes de la pandilla MS-13 en el área de la bahía en California, los "funcionarios municipales parecían más preocupados por asegurarle a los inmigrantes ilegales que la redada no estaba relacionada con la inmigración que con advertirles a otros pandilleros de la MS-13 que ahora les tocaba a ellos" ser capturados por la policía, indicó el departamento en un comunicado.

La ley federal en cuestión indica que los gobiernos locales y estatales no pueden prohibirle a la policía que comparta información sobre el estatus migratorio de una persona con las autoridades federales.
La ley federal en cuestión indica que los gobiernos locales y estatales no pueden prohibirle a la policía que comparta información sobre el estatus migratorio de una persona con las autoridades federales.

Cartas

En las cartas del viernes se les advierte a las autoridades que deben proporcionar pruebas avaladas por un abogado de que están cumpliendo con la ley.

Los fondos podrían ser retenidos en el futuro, o cancelados, si es que funcionarios locales no muestran las pruebas requeridas, escribió Alan R. Hanson, jefe interino de la Oficina de Programas de Justicia.

Las subvenciones del programa son la fuente principal de los fondos federales de justicia que se distribuyen a las comunidades locales y estatales

Kevin de León, líder del senado estatal de California, rechazó la exigencia del gobierno, y dijo que sus políticas están basadas en "principios de supremacía blanca" y no en los valores estadounidenses.

"Sus esfuerzos para enfocarse constante y sistemáticamente en comunidades y estados con diversidad (racial) van más allá de las normas constitucionales y serán cuestionados en todo momento", dijo.

Las jurisdicciones también incluyen el condado Clark, en Nevada; el condado Cook, en Illinois; el condado Miami-Dade, en Florida; y el condado Milwaukee, en Wisconsin.

Fueron señaladas en un informe publicado en mayo del 2016 por el inspector general del departamento de Justicia, que halló que las políticas o regulaciones locales podían interferir con información que se da a agentes de inmigración.

Tras el informe, el gobierno del expresidente Barack Obama advirtió a las ciudades que podrían perder fondos si es que no acataban la ley, pero nunca los retuvo.

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