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CIDH pide cierre de Guantánamo

  • Voz de América - Redacción

La prisión fue creada para retener e interrogar a sospechosos de terrorismo.

La prisión fue creada para retener e interrogar a sospechosos de terrorismo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también demandó a EE.UU. determinar la legalidad de las detenciones.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió el cierre del centro de detención de EE.UU. en la base de Guantánamo, en Cuba, al cumplirse diez años de la utilización de esa instalación militar en la guerra contra el terrorismo.

Mediante un comunicado difundido en Washington, la CIDH, un organismo autónomo de la OEA, demandó la clausura sin más demora del centro y que EE.UU. determine la legalidad del estatus de todos los prisioneros en la base.

También pidió a las autoridades estadounidenses investigar y sancionar efectivamente actos de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes que se hayan cometido contra los detenidos, y que permita a la CIDH realizar visitas de inspección al centro.

La prisión fue creada por EE.UU. para retener e interrogar a detenidos sospechosos de tener vínculos con al Qaeda, los talibanes y otros grupos terroristas tras la invasión a Afganistán. Los primeros prisioneros llegaron al centro el 11 de enero de 2002.

El entonces presidente George W. Bush autorizó que tribunales militares juzgaran a prisioneros por cargos de crímenes de guerra, pero años después el presidente Barack Obama criticó esos tribunales y ordenó el cierre del centro de detención.

Sin embargo, el Congreso bloqueó los fondos para que prisioneros fueran trasladados y juzgados en EE.UU y la prisión ha seguido funcionando bajo una normativa revisada que convirtió en ley la política de detención por tiempo indefinido para sospechosos de terrorismo.

La cláusula que así lo establece fue incluida en la Ley de Autorización del Presupuesto de Defensa Nacional correspondiente a 2012, aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente el 31 de diciembre de 2011.

La CIDH reiteró que si bien los Estados “tienen el deber de proteger la seguridad de los ciudadanos, las circunstancias extraordinarias no pueden servir de pretexto para la detención indefinida de personas sin cargo alguno”.

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