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CIDH condena muerte de cubanos

  • Voz de América - Redacción

El CIDH también el 26 de febrero de 2010 lamentó y condenó la muerte del disidente cubano Orlando Zapata Tamayo.

El CIDH también el 26 de febrero de 2010 lamentó y condenó la muerte del disidente cubano Orlando Zapata Tamayo.

El disidente disidente cubano Wilmar Villar llevó hasta el final la huelga de hambre de 50 días, en protesta tras ser encarcelado y condenado a cuatro años de prisión.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamenta y condena la muerte del disidente cubano Wilmar Villar, quien murió tras una huelga de hambre. La CIDH expresa su pésame y solidaridad con sus familiares.

Según la información recibida, Wilmar Villar era miembro de la Unión Patriótica de Cuba, un grupo opositor en Cuba. El 24 de noviembre de 2010 fue condenado a prisión por un tribunal cubano que lo encontró culpable de “desacato, resistencia y atentado”.

Desde ese momento Wilmar Villar inició una huelga de hambre en protesta contra el juicio y el fallo, al que calificó como “injusto”.

El disidente llevó hasta el final la huelga de hambre de 50 días, la cual idealizó como protesta tras ser encarcelado y condenado a cuatro años de prisión.

Posteriormente, en la jornada del jueves 19 de enero de 2012, los familiares informaron sobre un significativo desmejoramiento de su salud mientras se encontraba internado en el hospital de Santiago de Cuba. Luego se anunció su muerte.

El CIDH también el 26 de febrero de 2010 lamentó y condenó la muerte del disidente cubano Orlando Zapata Tamayo, quien murió de inanición tras 85 días de huelga de hambre. Había sido detenido en marzo de 2003 y condenado a prisión en un juicio a puertas cerradas que duró menos de un día.

La Comisión vuelve a manifestar que las restricciones a los derechos políticos, a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, la falta de elecciones y la falta de independencia del poder judicial, configuran una situación permanente de trasgresión en Cuba de los derechos fundamentales de sus ciudadanas y ciudadanos.

La Comisión insta una vez más al Estado a realizar las reformas necesarias conforme a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

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