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Chávez acelera guerra contra la democracia

  • Roberto Casin - Apuntes desde Miami

En contubernio con Cuba, Hugo Chávez lleva años tratando de desmantelar el sistema democrático interamericano.

En contubernio con Cuba, Hugo Chávez lleva años tratando de desmantelar el sistema democrático interamericano.

La decisión del presidente de Venezuela de retirar a su país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un plan fraguado desde hace tiempo.

El anuncio del presidente Hugo Chávez de que Venezuela debe retirarse de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se veía venir, después de que el mandatario ha estado torpedeando sostenidamente en los últimos años las bases del sistema democrático establecido desde hace décadas por la Organización de Estados Americanos (OEA).

Chávez anunció el 30 de abril que estaba pidiendo al Consejo de Estado de Venezuela que tomara medidas para retirarse de la CIDH, en concreto, que le propusiera argumentos para llevar a la práctica su viejo sueño de sacar al país de ese organismo de la OEA que, aunque autónomo, Chávez ha dicho que es “un mecanismo” que EE.UU. usa contra su gobierno.

Las cartas que el gobernante venezolano quería ver, las puso de inmediato sobre la mesa el embajador venezolano ante la OEA, Roy Chaderton, quien reiteró a viva voz las acusaciones formuladas una y otra vez por Chávez de que las denuncias de violaciones de derechos humanos en su país responden a los dictados de Washington y no a la realidad.

Según Chaderton, el trabajo que realiza la CIDH en el hemisferio lo que busca es “poner en situaciones difíciles a todas aquellas democracias disidentes, como es el caso de Venezuela, de Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Argentina”, lo que no deja de ser un eufemismo del embajador porque un gobierno que “disiente” de los principios democráticos en esencia los viola.

El gobierno venezolano lleva librando una guerra de años contra la CIDH y desde 2002, tras el fallido golpe de estado contra Chávez, ha negado permiso de entrada al país a sus representantes bajo el pretexto de que el organismo apoyó a los golpistas, aunque las razones de fondo tienen otro fundamento.

En enero de 2009, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, de lleno plegado a los intereses de Chávez, desconoció un fallo de la CIDH que dispuso que las autoridades de Caracas debían restituir en sus puestos a tres jueces suspendidos de sus funciones por razones políticas.

A principios de 2010, un informe de la CIDH denunció la persecuciones políticas de opositores en Venezuela y los métodos antidemocráticos de Chávez, ante lo que éste calificó de “nefasto” al organismo de la OEA, y esbozó la intención de su gobierno de salirse de la comisión porque “es una mafia lo que hay ahí”, según dijo entonces.

En marzo de 2011, expertos latinoamericanos en derecho público denunciaron ante la CIDH que la denominada ley habilitante que tres meses antes le concedió a Chávez poderes excepcionales para gobernar por voluntad propia durante 18 meses sentaba un "precedente gravísimo" al crear leyes penales instituidas mediante decretos.

Con la habilitante, Chávez obtuvo facultades omnímodas pocas semanas antes de que quedara instalada (en enero de 2011) una nueva Asamblea Legislativa en la que la bancada oficialista no contaba con suficientes legisladores para aprobar todos los deseos del presidente cuando necesitara el voto de las dos terceras partes de los diputados.

De hecho la CIDH consideró la medida completamente contrapuesta a lo establecido en la Carta Democrática Interamericana de 2001, y este mismo año la comisión volvió a denunciar la fragilidad del poder judicial en Venezuela "y su falta de independencia e imparcialidad", así como el "uso abusivo del derecho penal".

En su afán por desmantelar el sistema democrático interamericano, Chávez lleva años minando las bases que cimentan la OEA, y con ese objetivo fundó en 2004 en común esfuerzo con Cuba la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA), y luego dejó oficialmente constituida en diciembre de 2011 la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

La intención, respaldada por el reducido grupo de países que integran el ALBA, ha sido la de reincorporar a Cuba, un estado no democrático, en los foros hemisféricos, excluyendo la participación de EE.UU. y Canadá, propósito en el que también ha jugado un papel protagónico el presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien esta semana dijo que no basta con reformar la OEA sino sustituirla por “algo nuevo”, y puso de ejemplo la CELAC.

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