El Tribunal Supremo Federal de Brasil dio inicio esta semana al juicio de 38 políticos, empresarios y banqueros, acusados de articular el mayor caso de corrupción en el país, y que cuando se destapó en 2005 puso contra las cuerdas al gobierno del entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Según el Procurador General de la República, Roberto Gurgel, se trata del “más atrevido y escandaloso esquema de corrupción y de desvío de dinero público de la historia de Brasil”, que ha dado lugar a un voluminoso expediente judicial de casi 50 mil páginas que sería avalado con declaraciones de más de 600 testigos.
La lista de los acusados incluye a tres exministros y un grupo de dirigentes históricos del Partido de los Trabajadores (PT), agrupación de izquierda que presumía ser abanderada de la ética y que desde hace casi una década gobierna Brasil, primero con Lula y luego con su heredera política, la actual mandataria Dilma Rousseff.
Denominado el “juicio del siglo” y también conocido como el ´mensalao´ (mensualidad que presuntamente recibían los parlamentarios por apoyar al gobierno), el caso comenzó a investigarse hace siete años, y el fiscal general dice tener pruebas suficientes para demostrar que los acusados armaron un sofisticado andamiaje delictivo para sobornar a legisladores.
En primer plano entre los implicados sobresale el exjefe de gabinete de Lula, José Dirceo, un ducho "zapador" político que en la década del 60 se entrenó como guerrillero en Cuba, que llegó a tener una gran influencia en el gobierno y que cuando estalló el escándalo terminó renunciando y fue expulsado del Congreso.
Aunque a todos se les acusa de asociación para delinquir, peculado, lavado de dinero, corrupción y fraude, delitos por lo que podrían ser condenados a penas de hasta 45 años de prisión, de acuerdo con Gurgel, Dirceo fue el promotor y principal protagonista de la red, que según el sumario de la causa tenía un núcleo político, otro financiero y una rama operativa.
La fiscalía sostiene que el sistema operaba a través de un publicista propietario de varias firmas mediante contratos para hacer campañas a favor del gobierno, y los fondos no utilizados eran entregados a parlamentarios o sus asesores. Todo salió a flote en 2005, pero las operaciones ilícitas se remontan a la campaña electoral de 2002 que llevó a Lula al poder.
La denuncia que destapó la olla la hizo el exdiputado Roberto Jefferson, del Partido Laborista Brasileño (PTB), quien en junio de 2005 dio la voz de que el PT había pagado grandes sumas de dinero para sobornar a legisladores a cambio de apoyo al Ejecutivo en el Congreso.
Lula, que desde un inicio negó saber de la existencia de la red, salió indemne del escándalo y logró ser reelegido para un segundo mandato presidencial que se prolongó hasta diciembre de 2010. Pero la inocencia del expresidente de 66 años, al parecer curado de un cáncer de laringe, podría estar bajo la lupa durante el tiempo que dure el juicio.
Medios de prensa brasileños subrayan la trascendencia que podría tener el juicio por el caso de corrupción más grave ocurrido en el país desde que el expresidente Fernando Collor de Melo renunció en 1992 cuando el Congreso se disponía a destituirlo.
Algunos analistas presumen que, por su envergadura y por el hecho de que sea la cúpula histórica del oficialista PT la que está involucrada en el escándalo, el juicio podría sanear de una vez y por todas la moral de los políticos en Brasil. Pero el desenlace del proceso y sus repercusiones aún están por ver.
Según el Procurador General de la República, Roberto Gurgel, se trata del “más atrevido y escandaloso esquema de corrupción y de desvío de dinero público de la historia de Brasil”, que ha dado lugar a un voluminoso expediente judicial de casi 50 mil páginas que sería avalado con declaraciones de más de 600 testigos.
La lista de los acusados incluye a tres exministros y un grupo de dirigentes históricos del Partido de los Trabajadores (PT), agrupación de izquierda que presumía ser abanderada de la ética y que desde hace casi una década gobierna Brasil, primero con Lula y luego con su heredera política, la actual mandataria Dilma Rousseff.
Denominado el “juicio del siglo” y también conocido como el ´mensalao´ (mensualidad que presuntamente recibían los parlamentarios por apoyar al gobierno), el caso comenzó a investigarse hace siete años, y el fiscal general dice tener pruebas suficientes para demostrar que los acusados armaron un sofisticado andamiaje delictivo para sobornar a legisladores.
En primer plano entre los implicados sobresale el exjefe de gabinete de Lula, José Dirceo, un ducho "zapador" político que en la década del 60 se entrenó como guerrillero en Cuba, que llegó a tener una gran influencia en el gobierno y que cuando estalló el escándalo terminó renunciando y fue expulsado del Congreso.
Aunque a todos se les acusa de asociación para delinquir, peculado, lavado de dinero, corrupción y fraude, delitos por lo que podrían ser condenados a penas de hasta 45 años de prisión, de acuerdo con Gurgel, Dirceo fue el promotor y principal protagonista de la red, que según el sumario de la causa tenía un núcleo político, otro financiero y una rama operativa.
La fiscalía sostiene que el sistema operaba a través de un publicista propietario de varias firmas mediante contratos para hacer campañas a favor del gobierno, y los fondos no utilizados eran entregados a parlamentarios o sus asesores. Todo salió a flote en 2005, pero las operaciones ilícitas se remontan a la campaña electoral de 2002 que llevó a Lula al poder.
La denuncia que destapó la olla la hizo el exdiputado Roberto Jefferson, del Partido Laborista Brasileño (PTB), quien en junio de 2005 dio la voz de que el PT había pagado grandes sumas de dinero para sobornar a legisladores a cambio de apoyo al Ejecutivo en el Congreso.
Lula, que desde un inicio negó saber de la existencia de la red, salió indemne del escándalo y logró ser reelegido para un segundo mandato presidencial que se prolongó hasta diciembre de 2010. Pero la inocencia del expresidente de 66 años, al parecer curado de un cáncer de laringe, podría estar bajo la lupa durante el tiempo que dure el juicio.
Medios de prensa brasileños subrayan la trascendencia que podría tener el juicio por el caso de corrupción más grave ocurrido en el país desde que el expresidente Fernando Collor de Melo renunció en 1992 cuando el Congreso se disponía a destituirlo.
Algunos analistas presumen que, por su envergadura y por el hecho de que sea la cúpula histórica del oficialista PT la que está involucrada en el escándalo, el juicio podría sanear de una vez y por todas la moral de los políticos en Brasil. Pero el desenlace del proceso y sus repercusiones aún están por ver.
