Una ley que conceptúa como delitos algunas prácticas lesivas en Internet hasta ahora no castigadas por la justicia en Brasil fue aprobada por el Senado de ese país después de haber recibido luz vede en la Cámara de Diputados.
El proyecto de legislación sanciona con penas de cárcel cosas tales como la violación cibernética de la privacidad, la invasión de computadoras y el robo de contraseñas.
También el bloqueo de páginas en Internet y cualquier empleo de computadoras que origine una exposición no autorizada o cause daños materiales, financieros o morales a terceros.
La medida fija penas de tres meses a un año de prisión para los que invadan una computadora ajena, y de seis meses a dos años de cárcel si ello conlleva el robo de mensajes privados, secretos comerciales e industriales o el control sobre ese ordenador.
La legislación contra los llamados crímenes cibernéticos no define como delitos la copia de piezas musicales o videos ni la propagación involuntaria de virus mediante correos electrónicos. Pero eleva las penas de los que sí lo son si la víctima es el presidente del país, un funcionario del gobierno, un juez o legislador.
Esta es la primera medida judicial que se adopta en Brasil después de que instituciones financieras se quejaron de que los delitos cibernéticos les ocasionan pérdidas de hasta $1.000 millones de dólares al año.
El proyecto irá ahora nuevamente a manos de la Cámara de Diputados para que contemple algunas modificaciones hechas en el Senado antes de que sea enviado a la presidenta Dilma Rousseff para su ratificación.
El proyecto de legislación sanciona con penas de cárcel cosas tales como la violación cibernética de la privacidad, la invasión de computadoras y el robo de contraseñas.
También el bloqueo de páginas en Internet y cualquier empleo de computadoras que origine una exposición no autorizada o cause daños materiales, financieros o morales a terceros.
La medida fija penas de tres meses a un año de prisión para los que invadan una computadora ajena, y de seis meses a dos años de cárcel si ello conlleva el robo de mensajes privados, secretos comerciales e industriales o el control sobre ese ordenador.
La legislación contra los llamados crímenes cibernéticos no define como delitos la copia de piezas musicales o videos ni la propagación involuntaria de virus mediante correos electrónicos. Pero eleva las penas de los que sí lo son si la víctima es el presidente del país, un funcionario del gobierno, un juez o legislador.
Esta es la primera medida judicial que se adopta en Brasil después de que instituciones financieras se quejaron de que los delitos cibernéticos les ocasionan pérdidas de hasta $1.000 millones de dólares al año.
El proyecto irá ahora nuevamente a manos de la Cámara de Diputados para que contemple algunas modificaciones hechas en el Senado antes de que sea enviado a la presidenta Dilma Rousseff para su ratificación.
