El presidente venezolano, Hugo Chávez, anuló un controversial decreto de inteligencia que hubiese obligado a los venezolanos a convertirse en informantes y denunciar irregularidades de sus vecinos, o atenerse a ser enviados a prisión.
Chávez tomó la determinación, el martes, señalando que se cometieron errores que ahora deben ser corregidos.
La acción ocurre pocos días después que el mandatario dijera que su gobierno enmendaría la ley.
La nueva ley, que generó protestas, ordenaba que los dos principales servicios de inteligencia venezolanos fueran reemplazados por nuevos organismos supervisados por el presidente de la República.
También requería que los venezolanos actuaran como informantes de la Policía Secreta, y grupos comunitarios de monitoreo leales al presidente.
Cualquiera que se negara a proveer informaciones enfrentaba de dos a seis años de cárcel.
Grupos defensores de los derechos humanos criticaron la ley, diciendo que la misma silenciaría las críticas hacia el mandatario.
Según Chávez la ley tenía la intención de proteger la seguridad nacional, y combatir la ingerencia de Estados Unidos.