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Argentina y las empresas privadas

  • Federica Narancio

Comando electoral del ministro de Economía Amado Boudou celebrando con los directores elegidos por el gobierno.

Comando electoral del ministro de Economía Amado Boudou celebrando con los directores elegidos por el gobierno.

Para las entidades empresariales es un intento por "intervenir políticamente el sector" como hace el presidente Hugo Chávez en Venezuela.

El gobierno argentino busca aumentar su presencia en los directorios de 43 empresas privadas en las que tiene acciones a través de la Administración Nacional de Seguridad Social -ANSES-.

La idea, dijo el Ministro de Economía, Amado Boudou, es poner más representantes en esas compañías, para lo cual se modificó la ley por un decreto de necesidad y urgencia firmado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con el acuerdo de su gabinete de ministros.

Hasta ahora, la ANSES sólo podía tener directores por hasta el 5 por ciento de las acciones. A partir de este "cambio profundo", el gobierno argentino podrá nombrar los directores que correspondan al porcentaje de las acciones que posea.

El titular de la ANSES, Diego Bossio, dijo que "bajo ningún punto de vista se intenta intervenir políticamente el sector privado".

"Cuidar los activos y los ahorros de los trabajadores argentinos que garantizan las jubilaciones de hoy y futuras. Hasta hoy estábamos en una situación de desventaja y este decreto pone en pie de justicia y el ejercicio pleno de los ahorros que administra la ANSES”, dijo Bossio.

“Apostamos a revindicar lo público y que exista la presencia pública del Estado en estas empresas".

La cartera de negocios del gobierno incluye bancos, empresas de petróleo, gas, electricidad, acero y compañías de alimentos, indumentaria y transporte. Algunas, con proyección comercial internacional y generadoras de millonaria ganancias en el mercado local y por sus exportaciones como SIDERAR, ALUAR, TELECOM y EDENOR.

Los empresarios repudiaron la medida. La Unión Industrial Argentina -UIA- exigió que "se revea la medida adoptada". Mientras que la Asociación Empresaria Argentina -AEA- dijeron que "es fundamental preservar la conducción empresaria del sector privado".

Tanto los industriales y los partidos políticos de la oposición creen que la intención del gobierno argentino es "colocar en puestos claves" militantes políticos, sindicalistas y profesionales afines. Experiencia similar al modelo aplicado por el presidente Hugo Chávez en Venezuela.

Así lo debatió acaloradamente con el integrante de la comisión directiva de la Confederación General del Trabajo (CGT) Omar Plaini con la diputada nacional de la Coalición Cívica, Patricia Bullrich.

"Son todos ladrones ustedes. Se han llenado de plata con el dinero de los trabajadores. Lo que ustedes quieren es mantener los privilegios. Todos los sindicalistas que conozco tienen los mejores autos, las mejores casas y comen las mejores comidas. Y son todos chorros”, dijo Patricia Bullrich a Omar Plaini.

“Por eso hay que terminar con ese sindicalismo. Todos los meses le roban a los trabajadores. Todos los sindicalistas de este país son ricos. Devuélvanles la plata a los trabajadores. Déjense de afanar y así vamos a tener un sindicalismo que defienda a los trabajadores", agregó la diputada.

El jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández, fue tajante al defender la medida. "Me parece que no quieren que revisemos las operaciones y los papeles privados"

"El Estado Nacional se puso los pantalones largos. No es el gobierno de otros años donde darle el manejo al Estado era poner en riesgo los dineros públicos. Acá multiplicado los resultados y está más que claro que nos hemos propuesto de verdad defender ese dinero, que nos pertenece a todos, para pagarle a los jubilados”, sostuvo.

La polémica se produce porque algunos de los ejecutivos elegidos son jóvenes profesionales con escasa experiencia, pero militantes de la agrupación "La Cámpora" que lidera Máximo Kirchner, hijo de la presidenta Cristina Fernández y del fallecido ex presidente Néstor Kirchner.

Desde diciembre de 2008 cuando el gobierno decidió estatizar los fondos de las jubilaciones y pensiones que administraban las AFJP recuperó una caja de $20 mil millones de dólares que, según demandas judiciales, denuncias en el Congreso e investigaciones periodísticas, ha sido "manipulada políticamente" por el kirchnerismo.

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