Las naciones latinoamericanas en años recientes han luchado con los límites a los períodos presidenciales, restricciones establecidas sobre cuánto tiempo un individuo puede servir en el alto cargo; que fueron vistas como un antídoto a las dictaduras que perduraban por mucho tiempo, una vez comunes en la región.
Gobernantes han buscado cambios constitucionales para permitirles candidatearse para períodos adicionales, un proceso que establece el escenario para campañas de reelección que sirven como un referendo nacional sobre tal cambio. Al buscar el derecho a servir por un tercer período, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha emprendido un enfoque diferente, uno que amenaza la gobernabilidad democrática allí.
Actuando a solicitud de Ortega y un grupo de alcaldes municipales leales a él, una comisión de la Corte Suprema de Nicaragua anuló una cláusula constitucional que prohíbe a un presidente en ejercicio y a alcaldes en ejercicio, presentarse nuevamente para sus respectivos cargos, despejando así el camino para que Ortega se presente para un tercer período en 2012. Al llevar el tema a una Corte consistente únicamente de magistrados de su propio partido político, Ortega evitó tener que buscar cambiar la constitución mediante la aprobación de una enmienda por la Asamblea Nacional, donde no tiene una mayoría. También evitó un referendo público sobre el tema.
Bajo la constitución, sólo la Asamblea Nacional puede cambiarla. No se le da a la Corte Suprema la autoridad para dictaminar sobre la legalidad de las cláusulas constitucionales.
Estados Unidos está muy preocupado por la manera en la cual la Cámara Constitucional de la Corte Suprema nicaragüense alcanzó su decisión. Comparte el sentir de muchos nicaragüenses de que la situación forma parte de un extenso patrón de cuestionables e irregulares acciones del gobierno que amenazan socavar los fundamentos de la democracia de su nación. Mediante una maniobra legal, el dictamen de la Corte parece bloquear un diálogo abierto y transparente por parte del pueblo nicaragüense para decidir sobre la posibilidad o no de reelección no sólo del presidente, sino de muchos otros cargos de gobierno en ese país.
Los intentos de poner en cortocircuito a la autoridad constitucional, no importe la ideología o país, amenazan la gobernabilidad democrática y son de preocupación de todos los miembros de la Organización de los Estados Americanos.